Mayoritariamente la ciudad no les esta ofreciendo lo que ellos esperaban, pues solo en ciertos casos les esta sirviendo como se lo habían propuesto, como un medio para ayudar a sus familiares de sus países y así lograr una mejor vida, pero en otros ámbitos, la ciudad solo les ofrece condiciones paupérrimas de vida.
Las condiciones a las que se ven enfrentadas estas personas al llegar a Chile, suelen atentar contra sus derechos humanos como ellos mismo lo señalan. Así, tratándose del plano laboral, se ha advertido que la apertura de las fronteras a la libre circulación de capital y productos no se ha acompañado de la libre circulación de trabajadores, en este caso.
De hecho, se estima que los mayores abusos a los que se ven enfrentados los migrantes se dan en el plano laboral. En el caso específico de los extranjeros del barrio Yungay, resulta interesante advertir que, no obstante al poseer un nivel educacional bastante elevado en ciertas ocasiones, las condiciones laborales a las que se ven enfrentados siguen siendo muy precarias, pues de acuerdo a los entrevistados, muchos de ellos tenia estudios secundarios finalizados, pero de acuerdo a lo que ofrece el mercado para ellos eso da igual, más bien suelen desempeñarse en aquellos ámbitos de menor calificación, peor remuneración y mayores niveles de riesgo.
Por regla general, los trabajadores extranjeros carecen de contrato laboral en Chile. El Reglamento de Extranjería establece un conjunto de requisitos para obtener una visa sujeta a contrato, los cuales resultan bastante gravosos. De esta manera, el empleador se ve obligado, entre otras cosas, a comprometerse a pagarle al empleado extranjero y a su familia (en algunas ocasiones) un pasaje de regreso a su país o al que acuerden las partes. Los abusos de que son objeto los trabajadores extranjeros son particularmente graves en caso de ser indocumentados, pues se ven expuestos a prácticas abusivas, tales como los bajos sueldos y las extensas jornadas de trabajo.
Al respecto, se ha advertido que los derechos laborales de los inmigrantes no se podrán menoscabar, ni aun en caso de irregularidad migratoria. Consecuentemente, el Gobierno se ha propuesto "Fomentar la regularización de los trabajadores migrantes que se encuentran indocumentados, así como también promover la regularidad de los trabajadores migrantes que manifiesten intenciones de residir en Chile".
En el caso particular del barrio Yungay, gran parte de los inmigrantes son mujeres, las cuales realizan labores domesticas puertas adentro dejando a sus hijos al cuidado de ellos, de ahí que nace la idea de la “Escuela Víctor Jara” de estudiantes universitarios de diversas carreras, esta escuela funciona tanto en verano como en invierno, para poder acompañar a estos niños durante el día y que no queden a la deriva, intentando distraerlos y a la vez integrándolos dentro de lo que se puede.
Otro gran tema para ellos es la salud, pues según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 18.469, los servicios de salud no podrán negar atención a quienes la requieran, ni condicionarla al pago previo de aranceles o tarifas fijados a este afecto. A su vez, la política migratoria de Chile no contempla limitación alguna en lo que se refiere a la atención de ciudadanos extranjeros. En el caso específico de las mujeres embarazadas, se ha suscrito el Convenio de la Mujer Embarazada, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, conforme al cual podrán acceder a controles de salud aun aquellas mujeres que se encuentren en condición de residencia irregular. Desafortunadamente en la práctica esto no es así, pues los niños del barrio Yungay, muy pocos de ellos están inscritos en los consultorios aledaños, y esto se da principalmente por el problema de la ilegalidad, lo cual genera también problemas, pues al no estar inscritos todo es más engorroso y contribuye más a los problemas de estos extranjeros.
Las condiciones a las que se ven enfrentadas estas personas al llegar a Chile, suelen atentar contra sus derechos humanos como ellos mismo lo señalan. Así, tratándose del plano laboral, se ha advertido que la apertura de las fronteras a la libre circulación de capital y productos no se ha acompañado de la libre circulación de trabajadores, en este caso.
De hecho, se estima que los mayores abusos a los que se ven enfrentados los migrantes se dan en el plano laboral. En el caso específico de los extranjeros del barrio Yungay, resulta interesante advertir que, no obstante al poseer un nivel educacional bastante elevado en ciertas ocasiones, las condiciones laborales a las que se ven enfrentados siguen siendo muy precarias, pues de acuerdo a los entrevistados, muchos de ellos tenia estudios secundarios finalizados, pero de acuerdo a lo que ofrece el mercado para ellos eso da igual, más bien suelen desempeñarse en aquellos ámbitos de menor calificación, peor remuneración y mayores niveles de riesgo.
Por regla general, los trabajadores extranjeros carecen de contrato laboral en Chile. El Reglamento de Extranjería establece un conjunto de requisitos para obtener una visa sujeta a contrato, los cuales resultan bastante gravosos. De esta manera, el empleador se ve obligado, entre otras cosas, a comprometerse a pagarle al empleado extranjero y a su familia (en algunas ocasiones) un pasaje de regreso a su país o al que acuerden las partes. Los abusos de que son objeto los trabajadores extranjeros son particularmente graves en caso de ser indocumentados, pues se ven expuestos a prácticas abusivas, tales como los bajos sueldos y las extensas jornadas de trabajo.
Al respecto, se ha advertido que los derechos laborales de los inmigrantes no se podrán menoscabar, ni aun en caso de irregularidad migratoria. Consecuentemente, el Gobierno se ha propuesto "Fomentar la regularización de los trabajadores migrantes que se encuentran indocumentados, así como también promover la regularidad de los trabajadores migrantes que manifiesten intenciones de residir en Chile".
En el caso particular del barrio Yungay, gran parte de los inmigrantes son mujeres, las cuales realizan labores domesticas puertas adentro dejando a sus hijos al cuidado de ellos, de ahí que nace la idea de la “Escuela Víctor Jara” de estudiantes universitarios de diversas carreras, esta escuela funciona tanto en verano como en invierno, para poder acompañar a estos niños durante el día y que no queden a la deriva, intentando distraerlos y a la vez integrándolos dentro de lo que se puede.
Otro gran tema para ellos es la salud, pues según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 18.469, los servicios de salud no podrán negar atención a quienes la requieran, ni condicionarla al pago previo de aranceles o tarifas fijados a este afecto. A su vez, la política migratoria de Chile no contempla limitación alguna en lo que se refiere a la atención de ciudadanos extranjeros. En el caso específico de las mujeres embarazadas, se ha suscrito el Convenio de la Mujer Embarazada, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, conforme al cual podrán acceder a controles de salud aun aquellas mujeres que se encuentren en condición de residencia irregular. Desafortunadamente en la práctica esto no es así, pues los niños del barrio Yungay, muy pocos de ellos están inscritos en los consultorios aledaños, y esto se da principalmente por el problema de la ilegalidad, lo cual genera también problemas, pues al no estar inscritos todo es más engorroso y contribuye más a los problemas de estos extranjeros.
Un tema relevante también es el de la educación, en el año 2003, el Ministerio de Educación, junto al Departamento de Extranjería y Migración, la Secretaría General de Gobierno y el Consulado peruano, firmó un acuerdo estableciendo que todas las niñas y niños inmigrantes tienen derecho a matricularse en los establecimientos educacionales de Chile en forma provisoria, en caso de no contar con los certificados de estudio debidamente visados. Dicho derecho no se circunscribe únicamente a los hijos de inmigrantes peruanos, sino que el Estado le garantiza a todos los hijos de extranjeros el acceso a la educación, cualquiera sea la condición migratoria de sus padres.
El ejercicio de este derecho, sin embargo, en la práctica ha estado lejos de ser una realidad. Ello se debe, en gran medida, al desconocimiento que existe del mismo por los mismos funcionarios responsables de velar por su implementación, sin mencionar a las personas inmigrantes a quienes pretende beneficiar.
Si bien el acuerdo establece la posibilidad de obtener matrículas provisorias, no hace referencia alguna a la subvención, lo cual ha dado lugar a rechazos de matrícula por parte de los establecimientos municipales y subvencionados. En el caso de que niños y niñas inmigrantes logren, efectivamente, matricularse en algún colegio, cabe señalar que, estando dentro del mismo, suelen ser objeto de discriminación tanto por parte de sus profesores como de sus pares. Así, Paula una niña boliviana del barrio de 11 años relata que la profesora dice “que los bolivianos somos sucios, flojos y malcriados" fomentando la discriminación a los demás niños.
Al respecto, una encuesta realizada por la UNICEF da cuenta de que casi la mitad de los encuestados (46%) cree que una o más nacionalidades son inferiores a la chilena, dándose los mayores prejuicios tratándose de peruanos, bolivianos y argentinos. Esta discriminación resulta particularmente grave, en tanto que ha sido identificada como el principal motivo de deserción escolar entre las niñas y niños inmigrantes.
La discriminación es un tema dentro de la ciudad como se ha venido señalando hasta ahora, las violaciones a los derechos de estos inmigrantes a los se ha hecho referencia se ven agravadas, cuando no motivadas, por la cultura de la discriminación que impera en Chile.
Tratándose, en particular, de inmigrantes de origen peruano, boliviano y ecuatoriano, esta discriminación es patente y se manifiesta en los distintos ámbitos del quehacer cotidiano. En educación, el campo laboral, el trato policial, los servicios de salud; en la calle, en la micro, en las bromas que se cuentan en la televisión; todos son espacios que, lejos de constituir una cultura de acogida, manifiestan una y otra vez la xenofobia de una parte importante de los chilenos.
Cuando se habla de inmigrantes, las imágenes que priman son las de "ilegales", "gente de escasos recursos" y de ser los culpables de los índices de cesantía. Así, tratándose específicamente de inmigrantes peruanos, se ha revelado que la xenofobia hacia ellos es mayoritaria en Santiago.
Actualmente no existe una política nacional que se haga cargo de la xenofobia, cuestión que se encuentra en clara contradicción al rol que el mismo Gobierno ha dicho que debe ejercer, en orden a "facilitar la integración armoniosa de los extranjeros que legalmente residan en Chile a la comunidad nacional, promoviendo para este efecto la igualdad de trato en materia laboral, seguridad social, derechos culturales, y libertades individuales".
Las actitudes discriminatorias de los chilenos frente a los inmigrantes ponen de manifiesto la necesidad de diseñar una política estatal armónica y garantista para enfrentar el tema de las migraciones, que no se limite a establecer los requisitos que se exigen para el ingreso y permanencia de extranjeros al país, sino que contemple, además, el conjunto de garantías de los que son titulares estas personas.
Sobre lo anterior existe también otra visión, pero que es bastante escasa. Algunos de los encuestados señalaron que en Santiago si hay cabida para ellos, que ha podido mandar a sus hijos son problemas a los colegios, que no tienes problemas a la hora de ir a los consultorios, entre otras cosas, pero desafortunadamente esta visión positiva sobre el tratamiento a estos extranjeros es escasa…
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